Ayuntamiento de Oñati

El Ayuntamiento de Oñati es condenado a abonar 38.678,50€ de responsabilidad civil a un ex operario de mantenimeinto por vulnerar su integridad física

27/05/2026
La sentencia de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Eibar concluye que el Ayuntamiento es responsable de los daños sufridos por el trabajador.

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Eibar ha dictado sentencia, en fecha 21 de abril de 2026, por la cual estima la demanda promovida por BIDELAGUN FUNDAZIOA y condena al Ayuntamiento de Oñati a abonar a un ex operario de mantenimiento la cantidad de 38.678,50 € en concepto de responsabilidad civil por la baja sufrida desde el 29.02.24 al 22.10.25 con diagnóstico de “trastorno de ansiedad no especificado”.

Anteriormente, en otro procedimiento seguido ante ese mismo Tribunal, ya se había concluido que dicha baja con diagnóstico de "trastorno de ansiedad no especificado” derivaba de accidente de trabajo por la no adaptación de su puesto de trabajo pese a sus limitaciones acreditadas para la manipulación y exposición a productos químicos.

En la sentencia recientemente dictada la Jueza titular de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Eibar señala que “se han dictado dos sentencias que han devenido firmes, y que han establecido la primera de ellas la responsabilidad de la empleadora demandada en la producción del daño al trabajador, por incumplimiento de las medidas de seguridad que le vienen impuestas por el ordenamiento jurídico y la segunda, la existencia de relación de causalidad entre la situación de IT en la que permaneció el demandante y el referido incumplimiento por parte del Ayuntamiento demandado.”, motivo por lo que acaba estimando la reclamación formulada por BIDELAGUN FUNDAZIOA.

BIDELAGUN Fundazioa se muestran satisfecha con esta sentencia y recuerdan la importancia de garantizar espacios de trabajo seguros y en los que se respete la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Consideran también que esta sentencia pone el foco en la falta de cultura preventiva de las Administraciones Públicas, lo cual evidencia que la salud de las personas trabajadoras sigue siendo una asignatura pendiente también en el sector público.