falta de prevención frente al amianto
Confirmado un recargo del 30 % por falta de prevención frente al amianto
16/11/2026
El caso afecta a un trabajador que desarrolló tareas de mantenimiento mecánico e intervenciones en máquinas, instalaciones y hornos. Su trayectoria laboral se extendió desde 1969 hasta 2011, en dos empresas. Los hechos probados recogen, además, que la primera de ellas figuraba como importadora de amianto desde, al menos, 1965 y que las empresas sucesoras realizaron posteriormente operaciones de desamiantado en instalaciones industriales que habían pertenecido a aquella.
Durante los trabajos descritos, el operario no dispuso de mascarillas ni de otros equipos de protección individual frente a agentes pulvígenos. Tampoco recibió información o formación sobre el amianto y sus efectos nocivos. La sentencia recoge la ausencia de evaluaciones específicas de riesgos, mediciones de la concentración de amianto en el aire, sistemas de extracción localizada y planes de limpieza destinados a minimizar la presencia de polvo o fibras. Asimismo, señala que no existían sistemas de rotación para evitar la exposición continuada de las mismas personas y que la ropa de trabajo se lavaba en el domicilio.
El trabajador falleció por una neoplasia pulmonar, se reconoció el carácter profesional de la contingencia del fallecimiento y se concedió a su cónyuge una pensión de viudedad derivada de enfermedad profesional por exposición al amianto. Un año después, la entidad gestora declaró la responsabilidad de las dos empresas sucesoras y acordó incrementar en un 30 % las prestaciones económicas correspondientes, con cargo a estas.
La resolución destaca que los riesgos de inhalación del polvo de amianto ya eran conocidos durante los períodos de trabajo examinados. Para ello, repasa la normativa histórica sobre enfermedades profesionales y control de las concentraciones de amianto, anterior a la regulación específica de 1982. Según concluye la Sala, existían obligaciones de control y evaluación que no se cumplieron en este caso.
Al aplicar estos criterios, el tribunal considera procedente mantener el recargo. Señala que el carácter profesional de la enfermedad ya había sido reconocido administrativamente y que no se acreditó que las empresas hubieran adoptado las medidas de seguridad previstas para evitar los daños derivados del contacto con el amianto. Por ello, rechaza los motivos del recurso y confirma la decisión impugnada.